Contraloría Social


 Una forma de incidir en las políticas públicas.

Por: Almudena Ocejo

La Contraloría Social es un tipo de participación ciudadana que permite la exigencia de la rendición de cuentas gubernamental a partir de iniciativas / ejercicios sistemáticos de vigilancia del quehacer del Estado (desde la sociedad civil), con el objetivo central de incidir en el mejoramiento del trabajo de gobierno.

Estas iniciativas pueden estar dirigidas a cualquiera de los poderes (ejecutivo, legislativo, judicial), órdenes y/o niveles de gobierno (federal, estatal, municipal, delegacional y/o local/comunitario) y se concretan a través de tres prácticas complementarias:

a)    un diagnóstico de la problemática que presenta la realización de una acción gubernamental concreta, la prestación de un bien o servicio, o la implementación de un programa público o una política pública,

b)    el monitoreo a las acciones, servicios, programas o políticas públicas, y

c)     la incidencia en cualquiera de las fases del proceso de diseño, formulación, ejecución y evaluación de los mismos.

En México, el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas ha sido una tarea casi exclusiva de las élites políticas, en la que ha existido (y existe) poca apertura a la incorporación de otras voces y/o perspectivas que no sean las gubernamentales. En consecuencia, una manera de acercarse a un mejor conocimiento de la lógica de operación de la administración pública y la hechura de las políticas públicas, es a través de ejercicios sistemáticos de vigilancia y monitoreo que permita a los ciudadanos interesados conocer y evaluar el trabajo que realiza el gobierno y que impacta directamente en su nivel de vida, para ir avanzando con evidencia sólida hacia procesos de negociación e incidencia con las autoridades públicas.

La contraloría social es una herramienta que permite conocer/monitorear el trabajo del gobierno, obtener evidencia sólida sobre su desempeño y de esta manera, contar con elementos para poder participar en procesos decisorios. No es suficiente basar las exigencias o demandas ciudadanas en intuiciones o conocimiento directo de una problemática (como resultado del trabajo con grupos de la población a los que afecta directamente una política), que documentar y sistematizar la información que permita darle sustento a esas intuiciones y/o experiencia. A través de la vigilancia y el monitoreo se pueden identificar aspectos deficientes o irregulares en los distintos cursos de acción gubernamental (crítica basada en evidencia), para en una segunda etapa presionar a los tomadores de decisiones para implementar los cambios que se estiman necesarios, y que van acompañados de propuestas alternativas de intervención.

En este momento es difícil lograr cambios estructurales en la política pública de este país haciendo contraloría social. Podemos decir que de manera general (hay algunas pocas excepciones), hoy en día es muy limitado el impacto que pueden tener los ciudadanos (de manera individual u organizada) en acciones de incidencia, y que además lo hagan de manera sostenida. Esto nuevamente hace referencia a la forma en que se toman las decisiones de política pública en nuestro país, que excluyen en su gran mayoría la participación de otros grupos ajenos al gobierno. Sin embargo, las iniciativas de contraloría social son esfuerzos muy valiosos que van en la dirección correcta y empiezan a presionar para la apertura de espacios para la incidencia y para un cambio en la relación Estado – sociedad, si bien este cambio se verá sólo a largo plazo y requiere de modificaciones en muchos terrenos. Es importante tener muy claro que no sólo porque exista la aspiración de incidir en política pública y se realicen las tareas necesarias para avanzar en esa dirección, puede lograrse. Es decir, el éxito en iniciativas encaminadas a la incidencia en toma de decisiones no radica únicamente en el interés y las capacidades técnicas de los ciudadano o de las OSC, sino que implica cambios en el diseño de las instituciones públicas que permitan incorporar a otros actores y puedan darle un cauce adecuado a sus demandas y propuestas alternativas de intervención.

La contraloría social requiere de la existencia en las organizaciones de capacidades técnicas, políticas y organizativas, así como disponibilidad de recursos (humanos, materiales y financieros). Es muy importante tomar en cuenta que para poder lograr un desempeño exitoso en este tipo de iniciativas se necesita contar con competencias para el acceso y análisis de información pública (incluyendo análisis de presupuesto/gasto público), para el diseño y la gestión de estrategias mediáticas, habilidades de negociación y cabildeo, conocimiento de la administración pública, capacidad de articulación con otros actores y posibilidad de implementar las iniciativas en un horizonte a largo plazo. La actuación de una o dos organizaciones de manera aislada, o de un grupo reducido de individuos, difícilmente logrará generar la presión que se necesita para un cambio en cursos de acción gubernamental.

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