Retos y horizontes para la incidencia en políticas públicas

Por Mónica Tapia Álvarez

En el Primer encuentro nacional sobre prácticas de monitoreo y contraloría ciudadana: metodologías y perspectivas, organizado por IFAI, Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática-CIESAS, PNUD e INDESOL, el pasado 3 de junio 2010, me pidieron comentar sobre estas preguntas Dentro del amplio abanico de sectores y temas en los que el Estado realiza sus funciones, ¿qué capacidades institucionales deben desarrollarse al interior de las organizaciones civiles para favorecer procesos de monitoreo e incidencia con resultados sólidos?, ¿cuáles son aquellos en los que los grupos ciudadanos tendrían un mayor potencial de incidencia?,  ¿de qué manera puede medirse el grado de incidencia de las actividades de monitoreo y control ciudadanos en las políticas públicas?

En Alternativas, sostenemos que las organizaciones deben de prepararse y fortalecerse para incidir porque:

1) Requieren mayor profesionalización; 2) Tienen mayor visibilidad, cuando hacen incidencia; 3) Tienen mayor necesidad de ser transparentes y rendir cuentas a su Consejo y a la sociedad; 4) Tienen mayores oportunidades de financiamiento, pero también más competencia por los escasos recursos.

Las organizaciones necesitan tanto recursos como capacidades institucionales para incidir (para una descripción más completa, véase Manual de Incidencia en Políticas Públicas, de Alternativas y Capacidades). Entre estas capacidades está el conocimiento técnico-especializado del problema o política pública en la que se quiere incidir y el conocimiento de gestión pública y política sobre cómo incidir por los medios institucionales. Esto quiere decir que la organización debe saber cómo funciona el gobierno, qué dice la ley, cuál es el diseño y los procesos de implementación y evaluación de la política pública, el organigrama de los funcionarios responsables de esta política, así como asuntos cotidianos sobre cómo se redacta un oficio, a quién se entrega, qué esperar en términos de su respuesta, entre otros.

Entre los recursos escasos están el tiempo y los recursos humanos, pues las organizaciones necesitan un perfil de colaboradores que no sólo sepa y entienda de políticas públicas, sino que también tenga vocación por el cambio social y transformar las políticas públicas, articulando diversas visiones y actores. Si la organización va a incidir con base en evidencia, además se requiere un colaborador con muy buenas habilidades de investigación, así como capacidades de comunicación y argumentación escrita y oral muy sólidas, para presentar sus resultados y persuadir a diversos actores (medios de comunicación, legisladores, funcionarios, ciudadanos, entre otros). Las habilidades/conocimientos técnicos y de gestión que se requieren en un colaborador muchas veces se encuentran entre quienes han combinado en sus carreras profesionales el trabajo en gobierno y en OSCs. Esta combinación era menos frecuente hace algunas décadas cuando las personas no se movían entre sectores, y quienes lo hacían se percibían con desconfianza y desprecio frecuentemente. Ahora, esta movilidad es más común y se ha convertido en un espacio muy fértil para el reclutamiento de perfiles especializados en incidencia.

La estrategia de hacer incidencia por medio de la investigación y cabildeo (o basada en evidencia) es la más utilizada para los procesos de monitoreo y contraloría ciudadana, pues se trata de generar o solicitar, sistematizar y analizar información sobre una política o un programa público. Sin embargo, por la propia experiencia de Alternativas y Capacidades en esta estrategia de incidencia al capacitar y fortalecer a un sinnúmero de organizaciones en todo el país, hemos visto que llevar a cabo estas estrategias es difícil –por la perfil especializado de los colaboradores, la cantidad de recursos y tiempo que requieren— y está fuera del alcance de un número importante de organizaciones en distintos contextos. También vemos que hay un déficit en trabajar con ciudadanos, en hacer incidencia con y por ellos; las organizaciones necesitamos crear capacidades para movilizar ciudadanos e incidir con ellos en políticas públicas.

Una buena parte de las organizaciones que capacitamos y con quienes trabajamos fuera del D.F. no cuentan con la capacidad de investigación, trabajo con medios y cabildeo. ¿Qué les decimos?, ¿que mejor no hagan incidencia? Vemos que estas organizaciones tienen el potencial para vincularse, educar e involucrar a ciudadanos, dado sus proyectos en desarrollo comunitario, educación, salud o asistencia social. Requieren fortalecimiento en adquirir una visión de lo público y capacitación básica en políticas públicas, pero pueden hacer incidencia con estrategias diferentes que las basadas en evidencia, y en monitoreo y contraloría social.

En Alternativas creemos que el fortalecimiento se puede ofrecer en diversas modalidades. Los talleres y la capacitación son uno de estas modalidades, pero no la única. Los materiales y documentos de trabajo, así como las sistematizaciones de experiencias y buenas prácticas de incidencia en México, en diversos temas y por distintos tipos de organizaciones, ayudan como guía y orientación a muchas de estas organizaciones. También aprender a incidir se hace en la práctica, por lo que para nosotros ha sido importante involucrarnos en un acompañamiento para una red de organizaciones que desean incidir en políticas educativas.

También sostenemos que no debemos limitarnos a que sólo las organizaciones profesionales, con financiamiento estable, son los principales actores de la incidencia, sino también contemplar a otros grupos ciudadanos que tienen un alto potencial para hacer incidencia. Son los consumidores sobre políticas de regulación económica y monopolios, los pacientes sobre políticas y servicios de salud y abasto de medicamentos, y los vecinos/colonos sobre políticas locales de ordenación del territorio (urbano-ambientales) y de seguridad pública. Igual que las organizaciones con un perfil más comunitario, requieren de fortalecimiento en adquirir una visión de lo público, una capacitación básica en los temas de sus políticas respectivas y probablemente un ambiente más propicio para el asociativismo o los grupos organizados basados principalmente en voluntarios. Para este ambiente propicio será fundamental ofrecer información básica y materiales sobre cómo formalizar su organización, así como consultores. Obviamente, las mejoras regulatorias que beneficien al sector de OSCs, en particular en la simplificación de costos y trámites de constitución legal y obligaciones fiscales y de rendición de cuentas, serán también fundamentales para fortalecer a este grupo de ciudadanos.

La procuración de fondos para la incidencia es también un tema clave para fortalecer a las organizaciones y grupos ciudadanos. Los recursos financieros que financian estos proyectos y prácticas son escasas en el país. Los donantes corporativos ven con recelo y temor aportar recursos para causas ciudadanas de incidencia pública; el financiamiento gubernamental es escaso y difícil de obtener si se quiere asegurar una autonomía e imparcialidad sobre los resultados de la incidencia; el internacional está concentrado en pocas organizaciones y no se deberíamos esperar que aumentara o se dispersara. Por ello, pensamos que la procuración de fondos debe ir dirigida a que los propios ciudadanos aporten en grandes cantidades y con base en montos pequeños, siendo parte de la movilización ciudadana y militantes de la causa de la incidencia. Para este propósito, los activistas sociales y profesionales en incidencia deberán cultivar sus habilidades de procuración de fondos y de sumar ciudadanos que contribuyan de manera económica a la incidencia.

¿Cómo medir los resultados de la incidencia? Si la evaluación y la medición de los impactos sociales son complejos, los de la incidencia son aún más. En Alternativas, defendemos mucho la idea de que la incidencia será más efectiva si se planea, pero reconocemos también que esta planeación deberá ser muy flexible y adaptativa, pues para hacer una buena incidencia habría que responder a coyunturas, a diálogo con los actores, a sucesos inesperados, a respuestas  y procesos difíciles de predecir. De ahí que la planeación, junto con el monitoreo y evaluación de los resultados, deberá hacerse adaptándose a estos procesos. Sin embargo, esto nos regresa a que es fundamental tener una planeación y muy claros los objetivos de incidencia, así como monitorear y evaluar qué tan lejos o cerca se está de alcanzarlos. Al final, hay que ver la incidencia como las propias políticas públicas, como una aproximación de mayores alcances con base en ensayos-error. La evaluación que recomendamos entonces es la escribir los aprendizajes obtenidos a raíz de la práctica y, sobre todo, la incorporación de esos aprendizajes en los siguientes planes de incidencia. La evaluación no debe verse en abstracto como un ejercicio puro y racional sino como un proceso para incorporar aprendizaje a la práctica institucional.

Finalmente, quisiera decir algunas palabras sobre los funcionarios, los legisladores y el “ambiente propicio” de lado de la administración pública para hacer la incidencia un proceso fructífero de colaboración. Se requiere una buena combinación de liderazgo y visión de cambio social entre los funcionarios públicos, así como sostener e incorporar en cambios institucionales, de reglas y procedimientos esta visión. La alta rotación que vemos entre los funcionarios que ocupan distintos puestos nos debe advertir de la importancia de dar continuidad a ciertas políticas, y las organizaciones podemos convertirnos en un ancla que permita garantizar esta continuidad, o por lo menos dificultar la improvisación y los errores de las curvas de aprendizaje.

Sin embargo, requerimos las organizaciones que se nos perciba como interlocutores legítimos en este diálogo con funcionarios. No queremos sus cargos ni otros cargos públicos, no traemos una agenda política atrás, no estamos ahí movidos por intereses ocultos o el partido opositor que quiere golpearlos, no trabajamos ni recibimos fondos por evadir impuestos.

Las organizaciones queremos hacer incidencia porque nos interesa mejorar las políticas públicas, el gobierno y la democracia de nuestro país. Necesitamos ser visibles y estar en el vocabulario de funcionarios y ciudadanos; requerimos repetir este mensaje una y otra vez, a quienes sea necesario; a nosotros mismos a veces, a otras organizaciones y aliados, a los funcionarios y legisladores, a los gobernantes.

Manual de Incidencia en Políticas Públicas

Una nueva herramienta para que los Ciudadanos y Organizaciones transformen las políticas públicas

El Manual de Incidencia en Políticas Públicas es el primer manual en México para organizaciones de la sociedad civil (OSCs) que recoge una metodología única desarrollada por Alternativas y Capacidades, que contiene casos reales de OSCs que han buscado incidir, así como ejercicios prácticos diseñados de una forma didáctica, y un marco teórico simplificado para quien apenas comienza a explorar las políticas públicas y el contexto gubernamental mexicano.

 Este manual está construido para las organizaciones, redes o grupos de la sociedad que practican, han practicado, o desean practicar la incidencia en políticas públicas, otorgándoles una serie de herramientas útiles para elaborar su plan de incidencia, fortalecerlo o mejorarlo. En él se desarrollan conceptos y conocimientos clave para que el lector pueda, mediante una metodología sencilla y clara, elaborar un plan de incidencia en políticas públicas orientado a resultados prácticos y realistas.

El contenido está elaborado con las experiencias y conocimientos recogidos en Alternativas y Capacidades, al  impartir talleres y cursos sobre el tema. De ahí surgió la necesidad de crear un manual en el que se insertaran todas esas experiencias, y en el que pudiéramos añadir estudios y materiales de lectura que complementen la visión de la incidencia en políticas públicas, en el contexto mexicano.

Para obtener esta publicación comunícate al 55959111 con Julia Romero o envía un correo a jromero@alternativasociales.org

El gran mito de la revolución: que existió

99 años festejando una mentira

Por:  Juan Miguel Zunzunégui

Tanto le gusta la fiesta al mexicano que festeja hasta las tragedias. Ejemplo de eso es festejar cada año la Revolución, y además organizar un magno festejo para su cumpleaños número 100. A cien años de iniciada esa masacre a la que los historiadores de quincena llaman Revolución, México no necesita festejar, no tiene nada que festejar. Lo que hace falta a 99 o 100 años es una gran reflexión.

Nos acercamos al mentado centenario y la Revolución es una religión en México, y como todo lo sagrado, no se analiza, ni se cuestiona, ni se critica. Pero dice también la religión “por sus frutos los conoceréis”; así es que veamos los frutos de esa mal llamada primer revolución social del siglo XX…, porque hasta eso celebramos, fuimos el primer pueblo del siglo XX en romperse la madre unos contra otros. Sí Señor.

Pero a 100 años: México no es un país moderno, no funciona la democracia, no hay justicia social, el caudillo se impone a las Instituciones, el pueblo sigue anclado al paternalismo, continúan inmóviles las elites gobernantes, el país tiene una estructura corporativa como en el virreinato, no ha mejorado la educación, ha empeorado de hecho, hay menos industrialización, hay menos paz y orden. ¡Que viva México hijos de la Chingada!

Como nuestra historia gira en torno a glorificar la Revolución y sus mitos, siempre se nos ha dicho que el México del Siglo XX, emanado de la Revolución, es el México moderno. ¿Es México un país moderno? En contraparte, se plantea el México pre revolucionario como un antiguo régimen que debía ser eliminado, y como símbolo visual de ese México antiguo y atrasado nos ofrecen la imagen de Díaz como dictador octogenario, nunca la imagen del Díaz héroe de batallas. Menos aún su verdadera historia y logro: ser el consolidador y modernizador de México.

Como la “dictadura” de 30 años fue sustituida por una “democracia” dictatorial sexenal, se nos dice también que el país cambió caudillos por Instituciones, pero cien años después vemos a pocos caudillos que aún hacen tambalear las instituciones. A principios del siglo XXI, México no está mejor que a principios del XX. ¿Será que la revolución fue un fracaso?, ¿o será que no existió?

De 1910 a 1928, hubo sólo una serie de matanzas por tomar el poder, sin cambiar el modelo porfirista; por eso era necesario darle sentido a la matanza. De ahí surge la idea de la Revolución. Como ésta fue ganada por puro aristócrata (Madero, Carranza, Obregón), hubo que dotarla de héroes populares como Villa y Zapata, aunque el primero fuera un salteador de caminos y el segundo un asesino despiadado, pero sirven para decir que fue una Revolución Social: esa es la construcción revolucionaria del Cardenismo, otra etapa sacrosanta e incuestionable que sumergió a México décadas en el pasado.

Cárdenas creó un sistema políticamente perfecto para dominar, controlar, someter y adoctrinar, pero un fracaso económico a largo plazo. Veamos de nuevo los frutos: un pueblo sin educación, una estructura de poder inamovible, un país corporativo de gremios, sindicatos que ponen en jaque al Estado, una economía estancada y un pueblo acostumbrado a recibir todo gratis, falsos mitos de soberanía basados en recursos naturales, un país alejado del proyecto modernizador, liberal y capitalista de Juárez, un pueblo anclado al pasado y con crisis de identidad, una historia basada en mitos.

Claro que se dotó al país de infraestructura, por ejemplo, de un sistema educativo. Al terminar el Porfiriato, el 75% de la población era analfabeta; a principios del siglo XXI el porcentaje es sólo de 7%; pero eso no quiere decir que haya educación. Veamos los frutos del sistema educativo: 60% de la población “educada” carece de habilidades matemáticas básicas, 46% no tiene competencias lectoras, 70% no tiene capacidad de abstracción y solución de problemas simples, la educación pública tiene como premisa pasar a los alumnos; las escuelas son en realidad guarderías, el mexicano promedio vive con 150 palabras toda su vida, los maestros quieren heredar sus puestos, sin importar su capacitación, y lo más grave de todo, es cierto que el 92% del pueblo sabe leer…, pero no leen, y además no comprenden lo leído. Eso es el México de la Revolución.

Ese festín de sangre, esa rapiña por el poder, que en teoría se hizo por igualdad y justicia social es, a todas luces según nuestra actual situación, un fracaso rotundo. Tenemos una democracia sin demócratas, una sociedad corporativa, un pueblo adolescente en busca de líderes paternalistas, los privilegios de clase no acabaron, sólo cambiaron de clase, porque hoy, el que no tiene un sindicato que lo represente, no puede obtener justicia. El país no es competitivo, se mantienen los grupos de privilegio, sea entre la clase más alta, o entre los trabajadores organizados, pero la clase media está desamparada. Hay discriminación y racismo, una sociedad clasista inamovible, rencor social, polarización de la riqueza y más violencia e injusticia que nunca. ¿Dónde está la Revolución?

La revolución está en los discursos, en los debates de candidatos, en los políticos que lucran con ella, que la usan y abusan de ella, los que la citan sin conocerla, está en los nombres de los partidos y en lo profundo de las ideologías, en el inconsciente colectivo de un pueblo que sigue pensando que la violencia es el camino. Todo esto nos indica, o bien que la revolución fracasó, fue un engaño, o que simplemente no existió y es un mito que mantuvo en el poder a los hampones que se asociaron en un partido que decía representarla.

Pero ya que inevitablemente habrá festejo, hasta doble puente querían los levantadedos del Congreso, ¿cómo festejar la revolución? Muy simple: superándola; sacándola de los discursos y partidos, evitándola como discurso ideológico, dejar de evocarla y querer repetirla en 2010, admitir que, de existir, fue un fracaso, aceptar que nos matamos 25 años por el poder, sin un proyecto de nación, y que eso no es una revolución.

Casi cien años después de iniciado el mitote revolucionario, hay 50 millones de pobres, que no comenzaron con el PAN, memoria histórica México: recuerda a Díaz Ordaz, a Echeverría, al Jolopo, a De la Madrid, al grupo Atlacomulco. Cien años después no hay justicia social.

Con todo a favor, México fue un fracaso durante el siglo XX, el fracaso de la revolución, una construcción ideológica hecha por el régimen, más específicamente por Cárdenas. Para no perder también el siglo XXI hay un solo camino: superar la revolución. México: no hay nada que festejar.

Contraloría Social

 Una forma de incidir en las políticas públicas.

Por: Almudena Ocejo

La Contraloría Social es un tipo de participación ciudadana que permite la exigencia de la rendición de cuentas gubernamental a partir de iniciativas / ejercicios sistemáticos de vigilancia del quehacer del Estado (desde la sociedad civil), con el objetivo central de incidir en el mejoramiento del trabajo de gobierno.

Estas iniciativas pueden estar dirigidas a cualquiera de los poderes (ejecutivo, legislativo, judicial), órdenes y/o niveles de gobierno (federal, estatal, municipal, delegacional y/o local/comunitario) y se concretan a través de tres prácticas complementarias:

a)    un diagnóstico de la problemática que presenta la realización de una acción gubernamental concreta, la prestación de un bien o servicio, o la implementación de un programa público o una política pública,

b)    el monitoreo a las acciones, servicios, programas o políticas públicas, y

c)     la incidencia en cualquiera de las fases del proceso de diseño, formulación, ejecución y evaluación de los mismos.

En México, el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas ha sido una tarea casi exclusiva de las élites políticas, en la que ha existido (y existe) poca apertura a la incorporación de otras voces y/o perspectivas que no sean las gubernamentales. En consecuencia, una manera de acercarse a un mejor conocimiento de la lógica de operación de la administración pública y la hechura de las políticas públicas, es a través de ejercicios sistemáticos de vigilancia y monitoreo que permita a los ciudadanos interesados conocer y evaluar el trabajo que realiza el gobierno y que impacta directamente en su nivel de vida, para ir avanzando con evidencia sólida hacia procesos de negociación e incidencia con las autoridades públicas.

La contraloría social es una herramienta que permite conocer/monitorear el trabajo del gobierno, obtener evidencia sólida sobre su desempeño y de esta manera, contar con elementos para poder participar en procesos decisorios. No es suficiente basar las exigencias o demandas ciudadanas en intuiciones o conocimiento directo de una problemática (como resultado del trabajo con grupos de la población a los que afecta directamente una política), que documentar y sistematizar la información que permita darle sustento a esas intuiciones y/o experiencia. A través de la vigilancia y el monitoreo se pueden identificar aspectos deficientes o irregulares en los distintos cursos de acción gubernamental (crítica basada en evidencia), para en una segunda etapa presionar a los tomadores de decisiones para implementar los cambios que se estiman necesarios, y que van acompañados de propuestas alternativas de intervención.

En este momento es difícil lograr cambios estructurales en la política pública de este país haciendo contraloría social. Podemos decir que de manera general (hay algunas pocas excepciones), hoy en día es muy limitado el impacto que pueden tener los ciudadanos (de manera individual u organizada) en acciones de incidencia, y que además lo hagan de manera sostenida. Esto nuevamente hace referencia a la forma en que se toman las decisiones de política pública en nuestro país, que excluyen en su gran mayoría la participación de otros grupos ajenos al gobierno. Sin embargo, las iniciativas de contraloría social son esfuerzos muy valiosos que van en la dirección correcta y empiezan a presionar para la apertura de espacios para la incidencia y para un cambio en la relación Estado – sociedad, si bien este cambio se verá sólo a largo plazo y requiere de modificaciones en muchos terrenos. Es importante tener muy claro que no sólo porque exista la aspiración de incidir en política pública y se realicen las tareas necesarias para avanzar en esa dirección, puede lograrse. Es decir, el éxito en iniciativas encaminadas a la incidencia en toma de decisiones no radica únicamente en el interés y las capacidades técnicas de los ciudadano o de las OSC, sino que implica cambios en el diseño de las instituciones públicas que permitan incorporar a otros actores y puedan darle un cauce adecuado a sus demandas y propuestas alternativas de intervención.

La contraloría social requiere de la existencia en las organizaciones de capacidades técnicas, políticas y organizativas, así como disponibilidad de recursos (humanos, materiales y financieros). Es muy importante tomar en cuenta que para poder lograr un desempeño exitoso en este tipo de iniciativas se necesita contar con competencias para el acceso y análisis de información pública (incluyendo análisis de presupuesto/gasto público), para el diseño y la gestión de estrategias mediáticas, habilidades de negociación y cabildeo, conocimiento de la administración pública, capacidad de articulación con otros actores y posibilidad de implementar las iniciativas en un horizonte a largo plazo. La actuación de una o dos organizaciones de manera aislada, o de un grupo reducido de individuos, difícilmente logrará generar la presión que se necesita para un cambio en cursos de acción gubernamental.

Alternativas y Capacidades (AyC) apoya políticas de no discriminación.

 

Nos adherimos al posicionamiento pro- Matrimonios homosexuales de Observatorio de Familias y Políticas Públicas.

Observatorio de Familias y Políticas Públicas es un grupo de profesionales de distintas especialidades, integrantes de organizaciones civiles y académicas, que desde hace varios años nos reunimos interesados en propiciar una reflexión y un análisis crítico, plural, progresista, documentado y propositivo sobre el desarrollo e instrumentación de políticas públicas, programas gubernamentales, legislaciones, iniciativas y reformas de ley que tienen impacto sobre la situación social de las familias.

La propuesta es que las familias se conviertan en un lugar regido por el derecho y la justicia, manteniéndolo como un espacio para la intimidad, el afecto, el placer, el respeto y el desarrollo personal y colectivo, libres de cualquier forma de violencia.

Hemos estado pendientes del reciente debate en torno a los matrimonios de personas del mismo sexo –incluida la polémica sobre su derecho a la adopción de hijos e hijas, derivado de las reformas a los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal; y nos preocupan algunos planteamientos que cuestionan moral y jurídicamente el reconocimiento de la diversidad de arreglos familiares y su derecho a la protección y salvaguarda del Estado, en particular en el caso de las familias homoparentales. Ante esto AyC toma postura adhiriéndose al posicionamiento y se apoya en los siguientes argumentos:

• La homosexualidad no es una enfermedad psiquiátrica ni mental y que conforma una variante de las orientaciones e identidades sexuales existentes entre los seres humanos; (evidencia científica de la American Psychiatric Association, ratificada por la Organización Mundial de la Salud OMS).
• Ante el argumento de que “El matrimonio siempre ha sido entre mujeres y hombres, pues se define por su función en la procreación y reproducción de la especie humana, por lo que es su esencia objetiva”. Sostenemos, que el matrimonio es una institución socialmente construida que se creó y ha cambiado a lo largo de su historia; incluso actualmente su concepción varía entre diferentes regiones y culturas en el mundo, por lo tanto no tiene una “esencia objetiva” sino es producto de consensos sociales y culturales acordes a sus realidades históricas. La finalidad del matrimonio civil no ha sido la procreación ni la reproducción, sino la protección de los derechos de las parejas que decidan contraerlo y si así lo eligen, de su descendencia.

Tanto las parejas homosexuales como las heterosexuales tienen derecho a contar con la protección legal de esta figura jurídica a fin de tener la libertad para elegirla.

• Los progenitores homosexuales no se diferencian de los heterosexuales en cuanto a habilidades parentales, y que sus hijos/as no muestran ningún déficit en su desarrollo psicológico, afectivo o social, comparados

con hijos criados por progenitores heterosexuales; tampoco han encontrado desventajas específicas, confusiones en la identidad de género o sexual atribuibles a la orientación sexual de sus padres o madres.

 

• La discriminación e intolerancia de cualquier persona o grupos de personas, no puede ser el argumento para restar derechos a nadie, como en este caso sería a las personas homosexuales de ejercer su paternidad o maternidad y en los hijos e hijas de estos, de su derecho a tener una familia jurídicamente protegida. Atender este razonamiento supondría un grave riesgo de establecer un precedente negativo que valide la discriminación “para ciertos casos”, lo cual es contrario a la convivencia democrática, los derechos humanos y el principio de no discriminación.

 

Consideramos que la homofobia social y todas las formas de discriminación presente en nuestras prácticas culturales deben ser contrarrestadas mediante políticas públicas que promuevan el respeto a la diversidad, la convivencia pacífica, la tolerancia, la igualdad y la no discriminación en México.

Mantener una idea única de familia así como modelos estereotipados en las identidades de los integrantes da como resultado la discriminación ante un panorama existente de diversidad social, limita el alcance de las políticas públicas y favorece la intolerancia y la violencia.

Por lo tanto Alternativas y Capacidades se suma a esta causa apoyando políticas de integración y rechazando políticas que favorezcan o permitan la discriminación.

Si desea más información sobre el posicionamiento haga click en el siguiente link

FINAL Posicion matrimonio homos-OFPP Conferencia

 

Reconocen la apertura del Indesol para la realización del libro “Fondos Públicos para las Organizaciones de la Sociedad Civil”

Un análisis detallado de las ventajas y desventajas que presenta el Programa de Coinversión Social (PCS), así como los avances y retos que tiene el Estado para el fortalecimiento al fomento de las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, son entre otros temas los abordados en el libro Fondos Públicos para las Organizaciones de la Sociedad Civil.Presentado en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, la investigación realizada por la Asociación Civil Alternativas y Capacidades, hace un análisis del PCS y propone algunas recomendaciones para generar un entorno propicio para las tareas que realiza la sociedad civil organizada.A la presentación del libro asistió la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), Ana María León Miravalles, quien dijo que para el Indesol es importante contar con una investigación tan completa del PCS, porque ayuda a mejorar y fortalecer el Programa y al Instituto.La funcionaria federal señaló que se ha avanzado en un diálogo con las áreas de Planeación y de definición de Programas dentro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para cambiar el objetivo del PCS para 2010, que ahora será “Contribuir a la generación de capital social, a través del fortalecimiento de actores sociales”. En materia de coinversión, León Miravalles señaló que actualmente se cuenta con cerca de 60 millones de pesos adicionales para el Programa, ya que se están conviniendo esquemas de coinversión con varias dependencias y fundaciones empresariales como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, el Programa de Rescate de Espacios Públicos de la Sedesol, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobierno de Jalisco y cuatro fundaciones empresariales de ese estado, así como con los gobiernos de Baja California, Hermosillo y Monterrey. Para ver la nota completa consultar www.indesol.gob.mx/web/Index.php?Noticia=Formato2&id=68

Reflexiones sobre Fondos Públicos

¿Cómo acotar la discrecionalidad de los gobiernos?

¿Es posible pensar en un Fondo de financiamiento a las OSC que sea autónomo, co-gestionado (entre gobierno y sociedad civil), con personalidad y patrimonio propios y al que puedan concurrir recursos de la propia ciudadanía?

Por: Gabriela Sánchez Gutiérrez             

 Jefa del Área de Investigación en Cooperación Internacional    

 y Desarrollo del Instituto Mora.

Antes que nada quisiera agradecer muy profundamente a Alternativas y Capacidades, en particular a Mónica y Marisa, por haberme invitado a participar en la presentación de este libro. Y lo agradezco porque el tema del acceso a fondos públicos por parte de las OSC es para mí un asunto con el que llevo bregando desde hace ya muchos años, y este libro, nos permite profundizar en la reflexión sobre la compleja relación entre el Estado y la Sociedad y, más específicamente, entre el Gobierno y las OSC.

Este libro es el resultado de un amplio y riguroso trabajo de investigación que documenta consistentemente el modelo del Programa de Coinversión Social del INDESOL, nos muestra sus ventajas y desventajas, analiza cómo éstas afectan el perfil de los proyectos de las OSC, identifica diversas problemáticas derivadas del diseño del Programa y analiza sus resultados. Es en suma, una investigación que nos ayuda tener una visión muy clara, por un lado, de la relevancia del Programa de Coinversión Social, (ya que en él participa el 40% de las OSC que reciben fondos públicos federales) y por otro lado, devela con gran detalle las dificultades que tanto el INDESOL como las OSC enfrentan cotidianamente en su operación.

El tema es muy complejo y conlleva muchos nudos que, desde mi punto de vista, aún no están resueltos. Pienso que “Fondos Públicos para las Organizaciones de la Sociedad Civil” justamente hace una contribución importante para la comprensión de estos nudos y, sobre todo, para pensar en alternativas de solución.

La esencia de las OSC es la incidencia en políticas públicas y no suplir los déficits de cobertura del Estado.

Desde esta perspectiva, creo que es importante revisar el uso que le hemos dado a la noción de “corresponsabilidad” entre gobierno y sociedad civil, pues me parece que a veces este término puede estar ocultando una verdadera confusión de roles y responsabilidades. ¿De qué somos corresponsables? ¿De la pobreza que afecta a parte importante de la población? ¿De solucionarla? Parece ser que la idea de corresponsabilidad se ha traducido en un debilitamiento del carácter garantista del estado.

La esencia de las OSC es la incidencia en políticas públicas y no suplir los déficits de cobertura del Estado. Por lo cual creo que es importante revisar el uso que le hemos dado a la noción de “corresponsabilidad” entre gobierno y sociedad civil, pues me parece que a veces este término puede estar ocultando una verdadera confusión de roles y responsabilidades. ¿De qué somos corresponsables? ¿De la pobreza que afecta a parte importante de la población? ¿De solucionarla? Parece ser que la idea de corresponsabilidad se ha traducido en un debilitamiento del carácter garantista del estado.

 

Otra reflexión inspirada por el libro tiene que ver con el sentido de lo público. Los fondos públicos, al ser constituidos por todos, en principio deben dar respuesta a lo que es del interés público. Sin embargo, es frecuente que se financien las actividades de las OSC que favorecen la visión o las políticas del gobierno en turno.  A diferencia de los partidos políticos, que  acceden a recursos públicos sin importar su plataforma política, las OSC se ver sujetas, con frecuencia, a las directrices de los gobiernos en el poder. Y esto se señala claramente en el libro, cito:

 “Los temas de las convocatorias del Programa responden a la definición de prioridades para la política social del gobierno federal y no siempre a los problemas y necesidades detectadas por las OCSs, como indicaría el supuesto de los fondos sociales. El objetivo del fortalecimiento a OSCs se limita a apoyar las acciones de estas organizaciones en la medida en que se dirijan a atender las necesidades de los grupos sociales definidos.” Más adelante: “La proporción de proyectos apoyados que tienen como propósito incidir en políticas públicas es muy reducida y cada año es menor.”

¿Cómo acotar la discrecionalidad de los gobiernos? Considero que el acceso de las OSC a los recursos es realmente público cuando los criterios de asignación de los mismos son producto de una deliberación pública.

¿Es posible pensar, por ejemplo, como existe en España, en un Fondo de financiamiento a las OSC que sea autónomo, co-gestionado (entre gobierno y sociedad civil), con personalidad y patrimonio propios y al que puedan concurrir recursos de la propia ciudadanía? En España cada persona que paga impuestos puede decidir y dar la instrucción de que un porcentaje de los mismos se destine a dicho fondo para financiar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Quizá la forma más sostenible de financiamiento a las OSC es aquella en que la propia sociedad se hace cargo de sostener a sus propias organizaciones por la vía de sus impuestos. Pero es claro que en México todavía nos falta mucho qué recorrer para llegar a esto y lo peor es que las OSC mexicanas están enfrentando una situación económica cada vez más difícil de remontar. Muchas se están reduciendo a su mínima expresión y otras simplemente están desapareciendo.

No cabe duda que necesitamos construir un campo de relación donde las OSC y el gobierno reconozcan su “otredad”, sus necesidades y requerimientos, un campo en el que el conflicto es necesariamente parte del asunto, pero no paraliza, no impide la creación de nuevas formas de diálogo y de trabajo conjunto. Este libro nos ayuda a imaginar por dónde. En verdad se los recomiendo, no sólo a OSC y académicos, sino también a servidoras y servidores públicos. Todos vamos a aprender.

Fondos Públicos para las Organizaciones. ¿Mito o realidad?

Fondos Públicos para las organizaciones

¿Mito o realidad?

Por Julia Romero  

“Las organizaciones viven del gobierno, son un grupo de personas que se reúnen para sacarle dinero al gobierno” dicen muchos. 

Pero ¿es esto verdad? y en caso de que lo fuera, ¿tiene que tener necesariamente una connotación negativa?, la respuesta es no. Las organizaciones de la Sociedad Civil colaboran produciendo bienes y servicios públicos con respecto a distintos temas específicos que son necesarios para el desarrollo social. 

 En México, el clima que rodea a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se podría decir que ha sido uno bastante nublado. En esencia porque se tiene la percepción de que las OSC solo buscan aprovecharse del dinero  del gobierno y por lo tanto hay una gran desconfianza hacia las instituciones.  Incluso también existen prejuicios de las propias organizaciones hacia colaborar con el gobierno, pues esto les da la sensación de perder su independencia como también el miedo de caer en partidismos.

En México los fondos públicos representan 8% de los ingresos de las organizaciones mientras que en otros países representan en promedio  el 40%. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Canadá e incluso gobiernos de países latinoamericanos destinan mayores recursos que el gobierno mexicano.

Las organizaciones de la sociedad civil  juegan un papel estratégico en el desarrollo  del país, la participación de la sociedad civil es indispensable para la evolución de una democracia, gobernar es una acción de todos,  por lo tanto es necesario impulsar una forma de relación distinta entre el gobierno y la sociedad, por lo tanto la asignación estratégica y vigilada de los fondos públicos a organizaciones es indispensable.

 Para esto Alternativas y Capacidades A.C. ha desarrollado un Análisis del Programa de Coinversión Social para fortalecer a las OSC en México  en el libro “Fondos Públicos para las Organizaciones de la Sociedad Civil” escrito por María Isabel Verduzco, Mónica Tapia y Jesús Leal Trujillo con el cual Alternativas  impulsa la transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas en la asignación de fondos públicos.

Dicha publicación estará disponible a finales de enero 2010.

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