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Retos y horizontes para la incidencia en políticas públicas


Por Mónica Tapia Álvarez

En el Primer encuentro nacional sobre prácticas de monitoreo y contraloría ciudadana: metodologías y perspectivas, organizado por IFAI, Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática-CIESAS, PNUD e INDESOL, el pasado 3 de junio 2010, me pidieron comentar sobre estas preguntas Dentro del amplio abanico de sectores y temas en los que el Estado realiza sus funciones, ¿qué capacidades institucionales deben desarrollarse al interior de las organizaciones civiles para favorecer procesos de monitoreo e incidencia con resultados sólidos?, ¿cuáles son aquellos en los que los grupos ciudadanos tendrían un mayor potencial de incidencia?,  ¿de qué manera puede medirse el grado de incidencia de las actividades de monitoreo y control ciudadanos en las políticas públicas?

En Alternativas, sostenemos que las organizaciones deben de prepararse y fortalecerse para incidir porque:

1) Requieren mayor profesionalización; 2) Tienen mayor visibilidad, cuando hacen incidencia; 3) Tienen mayor necesidad de ser transparentes y rendir cuentas a su Consejo y a la sociedad; 4) Tienen mayores oportunidades de financiamiento, pero también más competencia por los escasos recursos.

Las organizaciones necesitan tanto recursos como capacidades institucionales para incidir (para una descripción más completa, véase Manual de Incidencia en Políticas Públicas, de Alternativas y Capacidades). Entre estas capacidades está el conocimiento técnico-especializado del problema o política pública en la que se quiere incidir y el conocimiento de gestión pública y política sobre cómo incidir por los medios institucionales. Esto quiere decir que la organización debe saber cómo funciona el gobierno, qué dice la ley, cuál es el diseño y los procesos de implementación y evaluación de la política pública, el organigrama de los funcionarios responsables de esta política, así como asuntos cotidianos sobre cómo se redacta un oficio, a quién se entrega, qué esperar en términos de su respuesta, entre otros.

Entre los recursos escasos están el tiempo y los recursos humanos, pues las organizaciones necesitan un perfil de colaboradores que no sólo sepa y entienda de políticas públicas, sino que también tenga vocación por el cambio social y transformar las políticas públicas, articulando diversas visiones y actores. Si la organización va a incidir con base en evidencia, además se requiere un colaborador con muy buenas habilidades de investigación, así como capacidades de comunicación y argumentación escrita y oral muy sólidas, para presentar sus resultados y persuadir a diversos actores (medios de comunicación, legisladores, funcionarios, ciudadanos, entre otros). Las habilidades/conocimientos técnicos y de gestión que se requieren en un colaborador muchas veces se encuentran entre quienes han combinado en sus carreras profesionales el trabajo en gobierno y en OSCs. Esta combinación era menos frecuente hace algunas décadas cuando las personas no se movían entre sectores, y quienes lo hacían se percibían con desconfianza y desprecio frecuentemente. Ahora, esta movilidad es más común y se ha convertido en un espacio muy fértil para el reclutamiento de perfiles especializados en incidencia.

La estrategia de hacer incidencia por medio de la investigación y cabildeo (o basada en evidencia) es la más utilizada para los procesos de monitoreo y contraloría ciudadana, pues se trata de generar o solicitar, sistematizar y analizar información sobre una política o un programa público. Sin embargo, por la propia experiencia de Alternativas y Capacidades en esta estrategia de incidencia al capacitar y fortalecer a un sinnúmero de organizaciones en todo el país, hemos visto que llevar a cabo estas estrategias es difícil –por la perfil especializado de los colaboradores, la cantidad de recursos y tiempo que requieren— y está fuera del alcance de un número importante de organizaciones en distintos contextos. También vemos que hay un déficit en trabajar con ciudadanos, en hacer incidencia con y por ellos; las organizaciones necesitamos crear capacidades para movilizar ciudadanos e incidir con ellos en políticas públicas.

Una buena parte de las organizaciones que capacitamos y con quienes trabajamos fuera del D.F. no cuentan con la capacidad de investigación, trabajo con medios y cabildeo. ¿Qué les decimos?, ¿que mejor no hagan incidencia? Vemos que estas organizaciones tienen el potencial para vincularse, educar e involucrar a ciudadanos, dado sus proyectos en desarrollo comunitario, educación, salud o asistencia social. Requieren fortalecimiento en adquirir una visión de lo público y capacitación básica en políticas públicas, pero pueden hacer incidencia con estrategias diferentes que las basadas en evidencia, y en monitoreo y contraloría social.

En Alternativas creemos que el fortalecimiento se puede ofrecer en diversas modalidades. Los talleres y la capacitación son uno de estas modalidades, pero no la única. Los materiales y documentos de trabajo, así como las sistematizaciones de experiencias y buenas prácticas de incidencia en México, en diversos temas y por distintos tipos de organizaciones, ayudan como guía y orientación a muchas de estas organizaciones. También aprender a incidir se hace en la práctica, por lo que para nosotros ha sido importante involucrarnos en un acompañamiento para una red de organizaciones que desean incidir en políticas educativas.

También sostenemos que no debemos limitarnos a que sólo las organizaciones profesionales, con financiamiento estable, son los principales actores de la incidencia, sino también contemplar a otros grupos ciudadanos que tienen un alto potencial para hacer incidencia. Son los consumidores sobre políticas de regulación económica y monopolios, los pacientes sobre políticas y servicios de salud y abasto de medicamentos, y los vecinos/colonos sobre políticas locales de ordenación del territorio (urbano-ambientales) y de seguridad pública. Igual que las organizaciones con un perfil más comunitario, requieren de fortalecimiento en adquirir una visión de lo público, una capacitación básica en los temas de sus políticas respectivas y probablemente un ambiente más propicio para el asociativismo o los grupos organizados basados principalmente en voluntarios. Para este ambiente propicio será fundamental ofrecer información básica y materiales sobre cómo formalizar su organización, así como consultores. Obviamente, las mejoras regulatorias que beneficien al sector de OSCs, en particular en la simplificación de costos y trámites de constitución legal y obligaciones fiscales y de rendición de cuentas, serán también fundamentales para fortalecer a este grupo de ciudadanos.

La procuración de fondos para la incidencia es también un tema clave para fortalecer a las organizaciones y grupos ciudadanos. Los recursos financieros que financian estos proyectos y prácticas son escasas en el país. Los donantes corporativos ven con recelo y temor aportar recursos para causas ciudadanas de incidencia pública; el financiamiento gubernamental es escaso y difícil de obtener si se quiere asegurar una autonomía e imparcialidad sobre los resultados de la incidencia; el internacional está concentrado en pocas organizaciones y no se deberíamos esperar que aumentara o se dispersara. Por ello, pensamos que la procuración de fondos debe ir dirigida a que los propios ciudadanos aporten en grandes cantidades y con base en montos pequeños, siendo parte de la movilización ciudadana y militantes de la causa de la incidencia. Para este propósito, los activistas sociales y profesionales en incidencia deberán cultivar sus habilidades de procuración de fondos y de sumar ciudadanos que contribuyan de manera económica a la incidencia.

¿Cómo medir los resultados de la incidencia? Si la evaluación y la medición de los impactos sociales son complejos, los de la incidencia son aún más. En Alternativas, defendemos mucho la idea de que la incidencia será más efectiva si se planea, pero reconocemos también que esta planeación deberá ser muy flexible y adaptativa, pues para hacer una buena incidencia habría que responder a coyunturas, a diálogo con los actores, a sucesos inesperados, a respuestas  y procesos difíciles de predecir. De ahí que la planeación, junto con el monitoreo y evaluación de los resultados, deberá hacerse adaptándose a estos procesos. Sin embargo, esto nos regresa a que es fundamental tener una planeación y muy claros los objetivos de incidencia, así como monitorear y evaluar qué tan lejos o cerca se está de alcanzarlos. Al final, hay que ver la incidencia como las propias políticas públicas, como una aproximación de mayores alcances con base en ensayos-error. La evaluación que recomendamos entonces es la escribir los aprendizajes obtenidos a raíz de la práctica y, sobre todo, la incorporación de esos aprendizajes en los siguientes planes de incidencia. La evaluación no debe verse en abstracto como un ejercicio puro y racional sino como un proceso para incorporar aprendizaje a la práctica institucional.

Finalmente, quisiera decir algunas palabras sobre los funcionarios, los legisladores y el “ambiente propicio” de lado de la administración pública para hacer la incidencia un proceso fructífero de colaboración. Se requiere una buena combinación de liderazgo y visión de cambio social entre los funcionarios públicos, así como sostener e incorporar en cambios institucionales, de reglas y procedimientos esta visión. La alta rotación que vemos entre los funcionarios que ocupan distintos puestos nos debe advertir de la importancia de dar continuidad a ciertas políticas, y las organizaciones podemos convertirnos en un ancla que permita garantizar esta continuidad, o por lo menos dificultar la improvisación y los errores de las curvas de aprendizaje.

Sin embargo, requerimos las organizaciones que se nos perciba como interlocutores legítimos en este diálogo con funcionarios. No queremos sus cargos ni otros cargos públicos, no traemos una agenda política atrás, no estamos ahí movidos por intereses ocultos o el partido opositor que quiere golpearlos, no trabajamos ni recibimos fondos por evadir impuestos.

Las organizaciones queremos hacer incidencia porque nos interesa mejorar las políticas públicas, el gobierno y la democracia de nuestro país. Necesitamos ser visibles y estar en el vocabulario de funcionarios y ciudadanos; requerimos repetir este mensaje una y otra vez, a quienes sea necesario; a nosotros mismos a veces, a otras organizaciones y aliados, a los funcionarios y legisladores, a los gobernantes.

Manual de Incidencia en Políticas Públicas


Una nueva herramienta para que los Ciudadanos y Organizaciones transformen las políticas públicas

El Manual de Incidencia en Políticas Públicas es el primer manual en México para organizaciones de la sociedad civil (OSCs) que recoge una metodología única desarrollada por Alternativas y Capacidades, que contiene casos reales de OSCs que han buscado incidir, así como ejercicios prácticos diseñados de una forma didáctica, y un marco teórico simplificado para quien apenas comienza a explorar las políticas públicas y el contexto gubernamental mexicano.

 Este manual está construido para las organizaciones, redes o grupos de la sociedad que practican, han practicado, o desean practicar la incidencia en políticas públicas, otorgándoles una serie de herramientas útiles para elaborar su plan de incidencia, fortalecerlo o mejorarlo. En él se desarrollan conceptos y conocimientos clave para que el lector pueda, mediante una metodología sencilla y clara, elaborar un plan de incidencia en políticas públicas orientado a resultados prácticos y realistas.

El contenido está elaborado con las experiencias y conocimientos recogidos en Alternativas y Capacidades, al  impartir talleres y cursos sobre el tema. De ahí surgió la necesidad de crear un manual en el que se insertaran todas esas experiencias, y en el que pudiéramos añadir estudios y materiales de lectura que complementen la visión de la incidencia en políticas públicas, en el contexto mexicano.

Para obtener esta publicación comunícate al 55959111 con Julia Romero o envía un correo a jromero@alternativasociales.org

Contraloría Social


 Una forma de incidir en las políticas públicas.

Por: Almudena Ocejo

La Contraloría Social es un tipo de participación ciudadana que permite la exigencia de la rendición de cuentas gubernamental a partir de iniciativas / ejercicios sistemáticos de vigilancia del quehacer del Estado (desde la sociedad civil), con el objetivo central de incidir en el mejoramiento del trabajo de gobierno.

Estas iniciativas pueden estar dirigidas a cualquiera de los poderes (ejecutivo, legislativo, judicial), órdenes y/o niveles de gobierno (federal, estatal, municipal, delegacional y/o local/comunitario) y se concretan a través de tres prácticas complementarias:

a)    un diagnóstico de la problemática que presenta la realización de una acción gubernamental concreta, la prestación de un bien o servicio, o la implementación de un programa público o una política pública,

b)    el monitoreo a las acciones, servicios, programas o políticas públicas, y

c)     la incidencia en cualquiera de las fases del proceso de diseño, formulación, ejecución y evaluación de los mismos.

En México, el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas ha sido una tarea casi exclusiva de las élites políticas, en la que ha existido (y existe) poca apertura a la incorporación de otras voces y/o perspectivas que no sean las gubernamentales. En consecuencia, una manera de acercarse a un mejor conocimiento de la lógica de operación de la administración pública y la hechura de las políticas públicas, es a través de ejercicios sistemáticos de vigilancia y monitoreo que permita a los ciudadanos interesados conocer y evaluar el trabajo que realiza el gobierno y que impacta directamente en su nivel de vida, para ir avanzando con evidencia sólida hacia procesos de negociación e incidencia con las autoridades públicas.

La contraloría social es una herramienta que permite conocer/monitorear el trabajo del gobierno, obtener evidencia sólida sobre su desempeño y de esta manera, contar con elementos para poder participar en procesos decisorios. No es suficiente basar las exigencias o demandas ciudadanas en intuiciones o conocimiento directo de una problemática (como resultado del trabajo con grupos de la población a los que afecta directamente una política), que documentar y sistematizar la información que permita darle sustento a esas intuiciones y/o experiencia. A través de la vigilancia y el monitoreo se pueden identificar aspectos deficientes o irregulares en los distintos cursos de acción gubernamental (crítica basada en evidencia), para en una segunda etapa presionar a los tomadores de decisiones para implementar los cambios que se estiman necesarios, y que van acompañados de propuestas alternativas de intervención.

En este momento es difícil lograr cambios estructurales en la política pública de este país haciendo contraloría social. Podemos decir que de manera general (hay algunas pocas excepciones), hoy en día es muy limitado el impacto que pueden tener los ciudadanos (de manera individual u organizada) en acciones de incidencia, y que además lo hagan de manera sostenida. Esto nuevamente hace referencia a la forma en que se toman las decisiones de política pública en nuestro país, que excluyen en su gran mayoría la participación de otros grupos ajenos al gobierno. Sin embargo, las iniciativas de contraloría social son esfuerzos muy valiosos que van en la dirección correcta y empiezan a presionar para la apertura de espacios para la incidencia y para un cambio en la relación Estado – sociedad, si bien este cambio se verá sólo a largo plazo y requiere de modificaciones en muchos terrenos. Es importante tener muy claro que no sólo porque exista la aspiración de incidir en política pública y se realicen las tareas necesarias para avanzar en esa dirección, puede lograrse. Es decir, el éxito en iniciativas encaminadas a la incidencia en toma de decisiones no radica únicamente en el interés y las capacidades técnicas de los ciudadano o de las OSC, sino que implica cambios en el diseño de las instituciones públicas que permitan incorporar a otros actores y puedan darle un cauce adecuado a sus demandas y propuestas alternativas de intervención.

La contraloría social requiere de la existencia en las organizaciones de capacidades técnicas, políticas y organizativas, así como disponibilidad de recursos (humanos, materiales y financieros). Es muy importante tomar en cuenta que para poder lograr un desempeño exitoso en este tipo de iniciativas se necesita contar con competencias para el acceso y análisis de información pública (incluyendo análisis de presupuesto/gasto público), para el diseño y la gestión de estrategias mediáticas, habilidades de negociación y cabildeo, conocimiento de la administración pública, capacidad de articulación con otros actores y posibilidad de implementar las iniciativas en un horizonte a largo plazo. La actuación de una o dos organizaciones de manera aislada, o de un grupo reducido de individuos, difícilmente logrará generar la presión que se necesita para un cambio en cursos de acción gubernamental.

La experiencia de financiar y vincular a organizaciones desde una empresa


El relato de un donante

 

Por Luis Lach

Educación – Responsabilidad Social de Intel

 Cuando una corporación emprende esfuerzos de responsabilidad social, suele descubrir que el trabajo que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) hacen en favor de diversas causas sociales es un gran valor que vale la pena impulsar desde las empresas mismas.

La decisión de cómo se dona desde una empresa a organizaciones de la sociedad civil puede tomar muy diferentes formas que va desde las empresas que realizan donaciones para proyectos ya existentes previamente en OSC especializadas en áreas de interés de la empresa, hasta otras empresas que desarrollan sus propios proyectos de responsabilidad social empresarial y financian a OSC para que en conjunto implementen el proyecto desarrollado por la empresa, y que es de interés común con la OSC elegida.

Intel, la empresa para la que laboro, se ubica en este segundo entendido: los esfuerzos que Intel realiza el ámbito de la RSE se enfocan poderosamente a reducir la brecha digital entre grupos de población con poco o nulo acceso a ella, ya sea a docentes en espacios de educación básica a nivel público, como programas educativos para entornos comunitarios, ferias de ciencias o programas de educación superior, etc. En la mayor parte de estos esfuerzos, Intel ha desarrollado los programas completos a nivel global, y se financia localmente a OSC especializadas en los temas educativos materia del interés de Intel, con el objetivo de implementar estos programas.

La experiencia que desde el año 2000 ha tenido Intel financiando proyectos de responsabilidad social en México ha sido muy rica. Hemos podido ver en estos años, como las OSC han vertido su experiencia en la implementación de nuestros programas, de la misma forma que hemos constatado a través de numerosas evaluaciones, la pertinencia de los contenidos que Intel ha desarrollado y el éxito que esta estrategia ha tenido, primeramente para la población a que nos hemos dirigido y para la alianza entre ambos: donantes y donatarios.

Otro asunto no menos importante en nuestro recorrido con programas sociales es el hecho de la vinculación con diferentes niveles de gobierno, donde a través de centros comunitarios del propio gobierno, o de escuelas, y en conjunto con las OSC, se han creado historias muy exitosas de alianzas entre la empresa, las OSC y los referidos gobiernos (federal, estatal, municipal).

Donar y a quién donar: esa es la cuestión


La necesidad de donar estratégicamente.

Raúl Díaz y Julia Romero

Muchos desconfían, otros desconocen el tema, pero hay algunos que son apasionados. Estos últimos han descubierto el beneficio de saber cómo hacerlo. De qué significa ser un donante y porqué es importante donar estratégicamente.

Existen diversas formas y oportunidades para donar. El redondeo, a través de los cajeros automáticos, la cruz roja, vía organizaciones, eventos de recaudación como el teletón, etc. Participar en cualquiera de las anteriores nos convierte a todos en donantes esporádicos y potenciales donantes permanentes.  Según la Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil (ENAFI) 2008,  el 77% de los mexicanos hace donaciones por lo menos una vez al año. Esto quiere decir que la mayoría de los mexicanos que no necesariamente se consideran a sí mismos donantes, hacen una inversión social apoyando alguna causa por lo menos una vez al año.

Pero la cuestión es,  entre tantas opciones a quién darle el dinero, cómo estar seguros de que la inversión se traducirá en impacto social. Filantropía Corporativa es enfocar estos esfuerzos de manera estratégica y eficiente, sin importar si viene de un individuo o empresa directamente, o si se hace a través de una fundación canalizadora de recursos. De esta forma cada peso donado se traduce en colaborar con un proceso donde se consolidan las redes,  la confianza entre los actores sociales y el Estado, y las leyes necesarias para solucionar las problemáticas sociales.

De la necesidad de conocer el panorama de las donaciones en el país, surge el Diagnóstico sobre Filantropía Corporativa en México, elaborado en 2008 por Alternativas y Capacidades. Donde se establece  cómo  la filantropía permite que la sociedad civil crezca y se democratice, además de que puede ser un instrumento de cambio social cuando se vincula con las causas, los problemas, los actores, las regiones y los enfoques que promueven este cambio.  Así como  un panorama de rezagos y  áreas de oportunidad no explotadas.

Por ejemplo, los recursos otorgados no se valoran en términos de sus impactos sociales, porque el impacto social es un resultado a largo plazo que se deriva de una serie de acciones, esfuerzos y condiciones sociales que no son fácilmente medibles en el corto plazo.  Antes de llegar a un impacto social se tiene que partir de una planeación que considere el proyecto en términos de tiempo vs profundidad del cambio social. 

Para profesionalizar la forma de donar es necesario que tanto individuos como  empresas  contemplen en sus procesos post- donación el monitoreo, la evaluación de calidad y el aprendizaje, entre otros criterios, al otorgar recursos. Además de seleccionar los proyectos de acuerdo a la sustentabilidad, proyección y experiencia de campo de las organizaciones que los realizan para no limitar el territorio de los proyectos exclusivamente a las organizaciones más conocidas.  

 Filántropos que garantizan el cambio social

Debemos tener en cuenta que la filantropía corporativa en nuestro país está en creciente desarrollo. Y para que se siga desarrollando  no se trata solamente de donar más dinero si no que  las donaciones sean  estratégicas y eficientes. Es decir, que individuos y empresas se asuman como donantes e instrumentos de cambio social y saber para que esto suceda debe existir un plan  donde se definan las  temáticas y tipos de apoyos,  se escojan los mejores proyectos y se les dé un seguimiento adecuado, para que los mismos se traduzcan en bienestar para las comunidades y, en la medida de lo posible, resulten autosustentables.

Para todos aquellos que quieran garantizar la eficacia de sus donaciones, Alternativas y Capacidades publica el libro: “11 pasos para profesionalizar al donante: Manual para invertir recursos con mayor impacto social”, el cual facilitará a sus lectores conocimientos sobre qué resultados quieren obtener a través de sus donaciones y a establecer los procesos para donar de forma estratégica y profesional.

El libro se podrá adquirir el día de la presentación el próximo 13 de abril y en las oficinas de Alternativas  a partir de esta fecha, o a través del correo electrónico contacto@alternativasociales.org

¿Qué opinas sobre este tema? Escribe un artículo relacionado, envíalo a la dirección anterior y te lo publicamos.

Alternativas y Capacidades (AyC) apoya políticas de no discriminación.


 

Nos adherimos al posicionamiento pro- Matrimonios homosexuales de Observatorio de Familias y Políticas Públicas.

Observatorio de Familias y Políticas Públicas es un grupo de profesionales de distintas especialidades, integrantes de organizaciones civiles y académicas, que desde hace varios años nos reunimos interesados en propiciar una reflexión y un análisis crítico, plural, progresista, documentado y propositivo sobre el desarrollo e instrumentación de políticas públicas, programas gubernamentales, legislaciones, iniciativas y reformas de ley que tienen impacto sobre la situación social de las familias.

La propuesta es que las familias se conviertan en un lugar regido por el derecho y la justicia, manteniéndolo como un espacio para la intimidad, el afecto, el placer, el respeto y el desarrollo personal y colectivo, libres de cualquier forma de violencia.

Hemos estado pendientes del reciente debate en torno a los matrimonios de personas del mismo sexo –incluida la polémica sobre su derecho a la adopción de hijos e hijas, derivado de las reformas a los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal; y nos preocupan algunos planteamientos que cuestionan moral y jurídicamente el reconocimiento de la diversidad de arreglos familiares y su derecho a la protección y salvaguarda del Estado, en particular en el caso de las familias homoparentales. Ante esto AyC toma postura adhiriéndose al posicionamiento y se apoya en los siguientes argumentos:

  • La homosexualidad no es una enfermedad psiquiátrica ni mental y que conforma una variante de las orientaciones e identidades sexuales existentes entre los seres humanos; (evidencia científica de la American Psychiatric Association, ratificada por la Organización Mundial de la Salud OMS).
  • Ante el argumento de que “El matrimonio siempre ha sido entre mujeres y hombres, pues se define por su función en la procreación y reproducción de la especie humana, por lo que es su esencia objetiva”. Sostenemos, que el matrimonio es una institución socialmente construida que se creó y ha cambiado a lo largo de su historia; incluso actualmente su concepción varía entre diferentes regiones y culturas en el mundo, por lo tanto no tiene una “esencia objetiva” sino es producto de consensos sociales y culturales acordes a sus realidades históricas. La finalidad del matrimonio civil no ha sido la procreación ni la reproducción, sino la protección de los derechos de las parejas que decidan contraerlo y si así lo eligen, de su descendencia.

Tanto las parejas homosexuales como las heterosexuales tienen derecho a contar con la protección legal de esta figura jurídica a fin de tener la libertad para elegirla.

  • Los progenitores homosexuales no se diferencian de los heterosexuales en cuanto a habilidades parentales, y que sus hijos/as no muestran ningún déficit en su desarrollo psicológico, afectivo o social, comparados

con hijos criados por progenitores heterosexuales; tampoco han encontrado desventajas específicas, confusiones en la identidad de género o sexual atribuibles a la orientación sexual de sus padres o madres.

 

  • La discriminación e intolerancia de cualquier persona o grupos de personas, no puede ser el argumento para restar derechos a nadie, como en este caso sería a las personas homosexuales de ejercer su paternidad o maternidad y en los hijos e hijas de estos, de su derecho a tener una familia jurídicamente protegida. Atender este razonamiento supondría un grave riesgo de establecer un precedente negativo que valide la discriminación “para ciertos casos”, lo cual es contrario a la convivencia democrática, los derechos humanos y el principio de no discriminación.

 

Consideramos que la homofobia social y todas las formas de discriminación presente en nuestras prácticas culturales deben ser contrarrestadas mediante políticas públicas que promuevan el respeto a la diversidad, la convivencia pacífica, la tolerancia, la igualdad y la no discriminación en México.

Mantener una idea única de familia así como modelos estereotipados en las identidades de los integrantes da como resultado la discriminación ante un panorama existente de diversidad social, limita el alcance de las políticas públicas y favorece la intolerancia y la violencia.

Por lo tanto Alternativas y Capacidades se suma a esta causa apoyando políticas de integración y rechazando políticas que favorezcan o permitan la discriminación.

Si desea más información sobre el posicionamiento haga click en el siguiente link

 

Reconocen la apertura del Indesol para la realización del libro “Fondos Públicos para las Organizaciones de la Sociedad Civil”


   
 
 
 
  Un análisis detallado de las ventajas y desventajas que presenta el Programa de Coinversión Social (PCS), así como los avances y retos que tiene el Estado para el fortalecimiento al fomento de las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, son entre otros temas los abordados en el libro Fondos Públicos para las Organizaciones de la Sociedad Civil.Presentado en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, la investigación realizada por la Asociación Civil Alternativas y Capacidades, hace un análisis del PCS y propone algunas recomendaciones para generar un entorno propicio para las tareas que realiza la sociedad civil organizada.A la presentación del libro asistió la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), Ana María León Miravalles, quien dijo que para el Indesol es importante contar con una investigación tan completa del PCS, porque ayuda a mejorar y fortalecer el Programa y al Instituto.La funcionaria federal señaló que se ha avanzado en un diálogo con las áreas de Planeación y de definición de Programas dentro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para cambiar el objetivo del PCS para 2010, que ahora será “Contribuir a la generación de capital social, a través del fortalecimiento de actores sociales”.

En materia de coinversión, León Miravalles señaló que actualmente se cuenta con cerca de 60 millones de pesos adicionales para el Programa, ya que se están conviniendo esquemas de coinversión con varias dependencias y fundaciones empresariales como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, el Programa de Rescate de Espacios Públicos de la Sedesol, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobierno de Jalisco y cuatro fundaciones empresariales de ese estado, así como con los gobiernos de Baja California, Hermosillo y Monterrey.

Para ver la nota completa consultar www.indesol.gob.mx/web/Index.php?Noticia=Formato2&id=68

Reflexiones sobre Fondos Públicos


¿Cómo acotar la discrecionalidad de los gobiernos?

¿Es posible pensar en un Fondo de financiamiento a las OSC que sea autónomo, co-gestionado (entre gobierno y sociedad civil), con personalidad y patrimonio propios y al que puedan concurrir recursos de la propia ciudadanía?

Por: Gabriela Sánchez Gutiérrez             

 Jefa del Área de Investigación en Cooperación Internacional    

 y Desarrollo del Instituto Mora.

Antes que nada quisiera agradecer muy profundamente a Alternativas y Capacidades, en particular a Mónica y Marisa, por haberme invitado a participar en la presentación de este libro. Y lo agradezco porque el tema del acceso a fondos públicos por parte de las OSC es para mí un asunto con el que llevo bregando desde hace ya muchos años, y este libro, nos permite profundizar en la reflexión sobre la compleja relación entre el Estado y la Sociedad y, más específicamente, entre el Gobierno y las OSC.

Este libro es el resultado de un amplio y riguroso trabajo de investigación que documenta consistentemente el modelo del Programa de Coinversión Social del INDESOL, nos muestra sus ventajas y desventajas, analiza cómo éstas afectan el perfil de los proyectos de las OSC, identifica diversas problemáticas derivadas del diseño del Programa y analiza sus resultados. Es en suma, una investigación que nos ayuda tener una visión muy clara, por un lado, de la relevancia del Programa de Coinversión Social, (ya que en él participa el 40% de las OSC que reciben fondos públicos federales) y por otro lado, devela con gran detalle las dificultades que tanto el INDESOL como las OSC enfrentan cotidianamente en su operación.

El tema es muy complejo y conlleva muchos nudos que, desde mi punto de vista, aún no están resueltos. Pienso que “Fondos Públicos para las Organizaciones de la Sociedad Civil” justamente hace una contribución importante para la comprensión de estos nudos y, sobre todo, para pensar en alternativas de solución.

La esencia de las OSC es la incidencia en políticas públicas y no suplir los déficits de cobertura del Estado.

Desde esta perspectiva, creo que es importante revisar el uso que le hemos dado a la noción de “corresponsabilidad” entre gobierno y sociedad civil, pues me parece que a veces este término puede estar ocultando una verdadera confusión de roles y responsabilidades. ¿De qué somos corresponsables? ¿De la pobreza que afecta a parte importante de la población? ¿De solucionarla? Parece ser que la idea de corresponsabilidad se ha traducido en un debilitamiento del carácter garantista del estado.

La esencia de las OSC es la incidencia en políticas públicas y no suplir los déficits de cobertura del Estado. Por lo cual creo que es importante revisar el uso que le hemos dado a la noción de “corresponsabilidad” entre gobierno y sociedad civil, pues me parece que a veces este término puede estar ocultando una verdadera confusión de roles y responsabilidades. ¿De qué somos corresponsables? ¿De la pobreza que afecta a parte importante de la población? ¿De solucionarla? Parece ser que la idea de corresponsabilidad se ha traducido en un debilitamiento del carácter garantista del estado.

 

Otra reflexión inspirada por el libro tiene que ver con el sentido de lo público. Los fondos públicos, al ser constituidos por todos, en principio deben dar respuesta a lo que es del interés público. Sin embargo, es frecuente que se financien las actividades de las OSC que favorecen la visión o las políticas del gobierno en turno.  A diferencia de los partidos políticos, que  acceden a recursos públicos sin importar su plataforma política, las OSC se ver sujetas, con frecuencia, a las directrices de los gobiernos en el poder. Y esto se señala claramente en el libro, cito:

 “Los temas de las convocatorias del Programa responden a la definición de prioridades para la política social del gobierno federal y no siempre a los problemas y necesidades detectadas por las OCSs, como indicaría el supuesto de los fondos sociales. El objetivo del fortalecimiento a OSCs se limita a apoyar las acciones de estas organizaciones en la medida en que se dirijan a atender las necesidades de los grupos sociales definidos.” Más adelante: “La proporción de proyectos apoyados que tienen como propósito incidir en políticas públicas es muy reducida y cada año es menor.”

¿Cómo acotar la discrecionalidad de los gobiernos? Considero que el acceso de las OSC a los recursos es realmente público cuando los criterios de asignación de los mismos son producto de una deliberación pública.

¿Es posible pensar, por ejemplo, como existe en España, en un Fondo de financiamiento a las OSC que sea autónomo, co-gestionado (entre gobierno y sociedad civil), con personalidad y patrimonio propios y al que puedan concurrir recursos de la propia ciudadanía? En España cada persona que paga impuestos puede decidir y dar la instrucción de que un porcentaje de los mismos se destine a dicho fondo para financiar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Quizá la forma más sostenible de financiamiento a las OSC es aquella en que la propia sociedad se hace cargo de sostener a sus propias organizaciones por la vía de sus impuestos. Pero es claro que en México todavía nos falta mucho qué recorrer para llegar a esto y lo peor es que las OSC mexicanas están enfrentando una situación económica cada vez más difícil de remontar. Muchas se están reduciendo a su mínima expresión y otras simplemente están desapareciendo.

No cabe duda que necesitamos construir un campo de relación donde las OSC y el gobierno reconozcan su “otredad”, sus necesidades y requerimientos, un campo en el que el conflicto es necesariamente parte del asunto, pero no paraliza, no impide la creación de nuevas formas de diálogo y de trabajo conjunto. Este libro nos ayuda a imaginar por dónde. En verdad se los recomiendo, no sólo a OSC y académicos, sino también a servidoras y servidores públicos. Todos vamos a aprender.

Existen Alternativas de Fondos Públicos para las Organizaciones


 

¿Demasiado bueno para ser verdad?

por : María Isabel Verduzco coordinadora del proyecto

En México, el financiamiento público a OSC apenas representa poco más de 8% del total de los recursos de las organizaciones, proporción que palidece en comparación con otros países.

Es lamentable que existan prácticas fraudulentas de algunos programas gubernamentales diseñados para apoyar el trabajo de OSC, o que estos programas pueden fácilmente utilizarse con fines electorales u otros distintos al de financiar actividades no lucrativas.

Es también una realidad que actualmente la existencia de casos de desviación de recursos públicos va a contracorriente del esfuerzo de la sociedad civil organizada por institucionalizar las relaciones con el Estado y establecer políticas explícitas de fomento y colaboración  con reglas claras, imparciales y transparentes. Las OSC promovimos la aprobación de la Ley de Fomento a las actividades realizadas por las OSC, que entró en vigor a finales del año 2004, mediante la cual el gobierno reconoce la importancia de nuestro trabajo en la promoción del  desarrollo. Sin embargo, sigue pendiente la elaboración de una política de fomento que sirva de marco para las acciones de colaboración entre la sociedad civil organizada y el gobierno en sus distintos niveles, entre éstos, el de la asignación de fondos públicos.

Se ha demostrado que las OSC cuentan con ventajas relativas frente a los gobiernos, por su mayor flexibilidad y capacidad de acceso para detectar necesidades y potencialidades de la población, y por contar con propuestas diversas e innovadoras para la promoción del desarrollo.

. En el caso del gobierno federal, los programas de apoyo a OSC se insertan en la política de combate a la pobreza y casi todos los recursos que el gobierno mexicano destina  a este rubro. Estos programas enfrenten la actual tendencia de focalización de la política social, mediante la entrega directa de los apoyos a los beneficiarios de manera que se dificulta el monitoreo y la transparencia, mientras que a través de organizaciones los recursos podrían tener un mayor impacto y facilitaría la rendición de cuentas.

En Alternativas y Capacidades, A. C. analizamos el caso del Programa de Coinversión Social que opera el Instituto Nacional de Desarrollo Social, en un estudio reciente llamado “Fondos Públicos para las organizaciones” donde se presenta el modelo más acabado de reparto de recursos con que contamos y que ha ganado la confianza de un gran número de OSC, justamente porque cuenta con reglas de operación claras, realiza convocatorias abiertas, y todos los proyectos son dictaminados por comités externos, y porque las organizaciones que participan en sus convocatorias están inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de manera que es casi imposible que se desvíen los recursos para otros fines o que participen en él organizaciones fantasma.

Falta mucho por hacer en la construcción de una política de fomento que incluya un marco legal y fiscal adecuado para la colaboración entre el Estado y la sociedad civil organizada, incluyendo programas de asignación de recursos públicos para el trabajo de las organizaciones. Por eso, con base en las conclusiones de este estudio, en Alternativas hemos invitado a otras organizaciones, y a expertos en temas de políticas públicas a participar en la elaboración de una agenda conjunta en la presentación del estudio el 28 de enero en el Instituto Mora, para promover una política de fomento que realmente apoye las actividades del sector y facilite su trabajo para atender las inmensas necesidades de millones de mexicanos.

En el siguiente vínculo se puede descargar material sobre el tema y reportes parciales de investigación.

http://www.alternativasociales.org/esp/fondospublicos.php

Fondos Públicos para las Organizaciones. ¿Mito o realidad?


Fondos Públicos para las organizaciones

¿Mito o realidad?

Por Julia Romero  

Las organizaciones viven del gobierno, son un grupo de personas que se reúnen para sacarle dinero al gobierno” dicen muchos. 

Pero ¿es esto verdad? y en caso de que lo fuera, ¿tiene que tener necesariamente una connotación negativa?, la respuesta es no. Las organizaciones de la Sociedad Civil colaboran produciendo bienes y servicios públicos con respecto a distintos temas específicos que son necesarios para el desarrollo social. 

 En México, el clima que rodea a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se podría decir que ha sido uno bastante nublado. En esencia porque se tiene la percepción de que las OSC solo buscan aprovecharse del dinero  del gobierno y por lo tanto hay una gran desconfianza hacia las instituciones.  Incluso también existen prejuicios de las propias organizaciones hacia colaborar con el gobierno, pues esto les da la sensación de perder su independencia como también el miedo de caer en partidismos.

En México los fondos públicos representan 8% de los ingresos de las organizaciones mientras que en otros países representan en promedio  el 40%. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Canadá e incluso gobiernos de países latinoamericanos destinan mayores recursos que el gobierno mexicano.

Las organizaciones de la sociedad civil  juegan un papel estratégico en el desarrollo  del país, la participación de la sociedad civil es indispensable para la evolución de una democracia, gobernar es una acción de todos,  por lo tanto es necesario impulsar una forma de relación distinta entre el gobierno y la sociedad, por lo tanto la asignación estratégica y vigilada de los fondos públicos a organizaciones es indispensable.

 Para esto Alternativas y Capacidades A.C. ha desarrollado un Análisis del Programa de Coinversión Social para fortalecer a las OSC en México  en el libro “Fondos Públicos para las Organizaciones de la Sociedad Civil” escrito por María Isabel Verduzco, Mónica Tapia y Jesús Leal Trujillo con el cual Alternativas  impulsa la transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas en la asignación de fondos públicos.

Dicha publicación estará disponible a finales de enero 2010.

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