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Retos y horizontes para la incidencia en políticas públicas


Por Mónica Tapia Álvarez

En el Primer encuentro nacional sobre prácticas de monitoreo y contraloría ciudadana: metodologías y perspectivas, organizado por IFAI, Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática-CIESAS, PNUD e INDESOL, el pasado 3 de junio 2010, me pidieron comentar sobre estas preguntas Dentro del amplio abanico de sectores y temas en los que el Estado realiza sus funciones, ¿qué capacidades institucionales deben desarrollarse al interior de las organizaciones civiles para favorecer procesos de monitoreo e incidencia con resultados sólidos?, ¿cuáles son aquellos en los que los grupos ciudadanos tendrían un mayor potencial de incidencia?,  ¿de qué manera puede medirse el grado de incidencia de las actividades de monitoreo y control ciudadanos en las políticas públicas?

En Alternativas, sostenemos que las organizaciones deben de prepararse y fortalecerse para incidir porque:

1) Requieren mayor profesionalización; 2) Tienen mayor visibilidad, cuando hacen incidencia; 3) Tienen mayor necesidad de ser transparentes y rendir cuentas a su Consejo y a la sociedad; 4) Tienen mayores oportunidades de financiamiento, pero también más competencia por los escasos recursos.

Las organizaciones necesitan tanto recursos como capacidades institucionales para incidir (para una descripción más completa, véase Manual de Incidencia en Políticas Públicas, de Alternativas y Capacidades). Entre estas capacidades está el conocimiento técnico-especializado del problema o política pública en la que se quiere incidir y el conocimiento de gestión pública y política sobre cómo incidir por los medios institucionales. Esto quiere decir que la organización debe saber cómo funciona el gobierno, qué dice la ley, cuál es el diseño y los procesos de implementación y evaluación de la política pública, el organigrama de los funcionarios responsables de esta política, así como asuntos cotidianos sobre cómo se redacta un oficio, a quién se entrega, qué esperar en términos de su respuesta, entre otros.

Entre los recursos escasos están el tiempo y los recursos humanos, pues las organizaciones necesitan un perfil de colaboradores que no sólo sepa y entienda de políticas públicas, sino que también tenga vocación por el cambio social y transformar las políticas públicas, articulando diversas visiones y actores. Si la organización va a incidir con base en evidencia, además se requiere un colaborador con muy buenas habilidades de investigación, así como capacidades de comunicación y argumentación escrita y oral muy sólidas, para presentar sus resultados y persuadir a diversos actores (medios de comunicación, legisladores, funcionarios, ciudadanos, entre otros). Las habilidades/conocimientos técnicos y de gestión que se requieren en un colaborador muchas veces se encuentran entre quienes han combinado en sus carreras profesionales el trabajo en gobierno y en OSCs. Esta combinación era menos frecuente hace algunas décadas cuando las personas no se movían entre sectores, y quienes lo hacían se percibían con desconfianza y desprecio frecuentemente. Ahora, esta movilidad es más común y se ha convertido en un espacio muy fértil para el reclutamiento de perfiles especializados en incidencia.

La estrategia de hacer incidencia por medio de la investigación y cabildeo (o basada en evidencia) es la más utilizada para los procesos de monitoreo y contraloría ciudadana, pues se trata de generar o solicitar, sistematizar y analizar información sobre una política o un programa público. Sin embargo, por la propia experiencia de Alternativas y Capacidades en esta estrategia de incidencia al capacitar y fortalecer a un sinnúmero de organizaciones en todo el país, hemos visto que llevar a cabo estas estrategias es difícil –por la perfil especializado de los colaboradores, la cantidad de recursos y tiempo que requieren— y está fuera del alcance de un número importante de organizaciones en distintos contextos. También vemos que hay un déficit en trabajar con ciudadanos, en hacer incidencia con y por ellos; las organizaciones necesitamos crear capacidades para movilizar ciudadanos e incidir con ellos en políticas públicas.

Una buena parte de las organizaciones que capacitamos y con quienes trabajamos fuera del D.F. no cuentan con la capacidad de investigación, trabajo con medios y cabildeo. ¿Qué les decimos?, ¿que mejor no hagan incidencia? Vemos que estas organizaciones tienen el potencial para vincularse, educar e involucrar a ciudadanos, dado sus proyectos en desarrollo comunitario, educación, salud o asistencia social. Requieren fortalecimiento en adquirir una visión de lo público y capacitación básica en políticas públicas, pero pueden hacer incidencia con estrategias diferentes que las basadas en evidencia, y en monitoreo y contraloría social.

En Alternativas creemos que el fortalecimiento se puede ofrecer en diversas modalidades. Los talleres y la capacitación son uno de estas modalidades, pero no la única. Los materiales y documentos de trabajo, así como las sistematizaciones de experiencias y buenas prácticas de incidencia en México, en diversos temas y por distintos tipos de organizaciones, ayudan como guía y orientación a muchas de estas organizaciones. También aprender a incidir se hace en la práctica, por lo que para nosotros ha sido importante involucrarnos en un acompañamiento para una red de organizaciones que desean incidir en políticas educativas.

También sostenemos que no debemos limitarnos a que sólo las organizaciones profesionales, con financiamiento estable, son los principales actores de la incidencia, sino también contemplar a otros grupos ciudadanos que tienen un alto potencial para hacer incidencia. Son los consumidores sobre políticas de regulación económica y monopolios, los pacientes sobre políticas y servicios de salud y abasto de medicamentos, y los vecinos/colonos sobre políticas locales de ordenación del territorio (urbano-ambientales) y de seguridad pública. Igual que las organizaciones con un perfil más comunitario, requieren de fortalecimiento en adquirir una visión de lo público, una capacitación básica en los temas de sus políticas respectivas y probablemente un ambiente más propicio para el asociativismo o los grupos organizados basados principalmente en voluntarios. Para este ambiente propicio será fundamental ofrecer información básica y materiales sobre cómo formalizar su organización, así como consultores. Obviamente, las mejoras regulatorias que beneficien al sector de OSCs, en particular en la simplificación de costos y trámites de constitución legal y obligaciones fiscales y de rendición de cuentas, serán también fundamentales para fortalecer a este grupo de ciudadanos.

La procuración de fondos para la incidencia es también un tema clave para fortalecer a las organizaciones y grupos ciudadanos. Los recursos financieros que financian estos proyectos y prácticas son escasas en el país. Los donantes corporativos ven con recelo y temor aportar recursos para causas ciudadanas de incidencia pública; el financiamiento gubernamental es escaso y difícil de obtener si se quiere asegurar una autonomía e imparcialidad sobre los resultados de la incidencia; el internacional está concentrado en pocas organizaciones y no se deberíamos esperar que aumentara o se dispersara. Por ello, pensamos que la procuración de fondos debe ir dirigida a que los propios ciudadanos aporten en grandes cantidades y con base en montos pequeños, siendo parte de la movilización ciudadana y militantes de la causa de la incidencia. Para este propósito, los activistas sociales y profesionales en incidencia deberán cultivar sus habilidades de procuración de fondos y de sumar ciudadanos que contribuyan de manera económica a la incidencia.

¿Cómo medir los resultados de la incidencia? Si la evaluación y la medición de los impactos sociales son complejos, los de la incidencia son aún más. En Alternativas, defendemos mucho la idea de que la incidencia será más efectiva si se planea, pero reconocemos también que esta planeación deberá ser muy flexible y adaptativa, pues para hacer una buena incidencia habría que responder a coyunturas, a diálogo con los actores, a sucesos inesperados, a respuestas  y procesos difíciles de predecir. De ahí que la planeación, junto con el monitoreo y evaluación de los resultados, deberá hacerse adaptándose a estos procesos. Sin embargo, esto nos regresa a que es fundamental tener una planeación y muy claros los objetivos de incidencia, así como monitorear y evaluar qué tan lejos o cerca se está de alcanzarlos. Al final, hay que ver la incidencia como las propias políticas públicas, como una aproximación de mayores alcances con base en ensayos-error. La evaluación que recomendamos entonces es la escribir los aprendizajes obtenidos a raíz de la práctica y, sobre todo, la incorporación de esos aprendizajes en los siguientes planes de incidencia. La evaluación no debe verse en abstracto como un ejercicio puro y racional sino como un proceso para incorporar aprendizaje a la práctica institucional.

Finalmente, quisiera decir algunas palabras sobre los funcionarios, los legisladores y el “ambiente propicio” de lado de la administración pública para hacer la incidencia un proceso fructífero de colaboración. Se requiere una buena combinación de liderazgo y visión de cambio social entre los funcionarios públicos, así como sostener e incorporar en cambios institucionales, de reglas y procedimientos esta visión. La alta rotación que vemos entre los funcionarios que ocupan distintos puestos nos debe advertir de la importancia de dar continuidad a ciertas políticas, y las organizaciones podemos convertirnos en un ancla que permita garantizar esta continuidad, o por lo menos dificultar la improvisación y los errores de las curvas de aprendizaje.

Sin embargo, requerimos las organizaciones que se nos perciba como interlocutores legítimos en este diálogo con funcionarios. No queremos sus cargos ni otros cargos públicos, no traemos una agenda política atrás, no estamos ahí movidos por intereses ocultos o el partido opositor que quiere golpearlos, no trabajamos ni recibimos fondos por evadir impuestos.

Las organizaciones queremos hacer incidencia porque nos interesa mejorar las políticas públicas, el gobierno y la democracia de nuestro país. Necesitamos ser visibles y estar en el vocabulario de funcionarios y ciudadanos; requerimos repetir este mensaje una y otra vez, a quienes sea necesario; a nosotros mismos a veces, a otras organizaciones y aliados, a los funcionarios y legisladores, a los gobernantes.

Manual de Incidencia en Políticas Públicas


Una nueva herramienta para que los Ciudadanos y Organizaciones transformen las políticas públicas

El Manual de Incidencia en Políticas Públicas es el primer manual en México para organizaciones de la sociedad civil (OSCs) que recoge una metodología única desarrollada por Alternativas y Capacidades, que contiene casos reales de OSCs que han buscado incidir, así como ejercicios prácticos diseñados de una forma didáctica, y un marco teórico simplificado para quien apenas comienza a explorar las políticas públicas y el contexto gubernamental mexicano.

 Este manual está construido para las organizaciones, redes o grupos de la sociedad que practican, han practicado, o desean practicar la incidencia en políticas públicas, otorgándoles una serie de herramientas útiles para elaborar su plan de incidencia, fortalecerlo o mejorarlo. En él se desarrollan conceptos y conocimientos clave para que el lector pueda, mediante una metodología sencilla y clara, elaborar un plan de incidencia en políticas públicas orientado a resultados prácticos y realistas.

El contenido está elaborado con las experiencias y conocimientos recogidos en Alternativas y Capacidades, al  impartir talleres y cursos sobre el tema. De ahí surgió la necesidad de crear un manual en el que se insertaran todas esas experiencias, y en el que pudiéramos añadir estudios y materiales de lectura que complementen la visión de la incidencia en políticas públicas, en el contexto mexicano.

Para obtener esta publicación comunícate al 55959111 con Julia Romero o envía un correo a jromero@alternativasociales.org

El debate en procesos electorales: un ejercicio de todos


Por: Giovanna Morales

Uno de los elementos que ayudan a construir ciudadanía, son las discusiones colectivas de asuntos públicos que interesan a la comunidad política. Nosotros como ciudadanos somos parte de una comunidad política, y como tal, tenemos derechos y obligaciones. Me parece que sin duda una obligación ciudadana es escuchar los puntos de vista de los diferentes candidatos, a través de un debate. Por eso sí lo creo necesario, pero con sus debidas restricciones. Incorporando a la ciudadanía.

El debate es un acto propio de la comunicación humana que consiste en la discusión acerca de un tema polémico entre dos o más grupos de personas. Es de carácter argumentativo, y es guiado por un moderador. En teoría un debate ayuda a crear un ambiente democrático, pero eso depende totalmente del contexto en el que se da. Existen dos formas de realizar un debate en épocas electorales: con la ciudadanía o sin la ciudadanía. El primero busca integrar las propuestas de la sociedad y discutirlas con los ciudadanos. El segundo, se realiza exclusivamente entre los candidatos y corre el riesgo de ser una estrategia de la guerra sucia, que pretende destruir al candidato rival sin piedad. ¿Cuál de éstos dos les suena más conocido?

En México el debate se realiza sin la ciudadanía. Es una herramienta que más que ayudar al ciudadano a discernir y decidir a quién dar su voto, lo manipula para decidir cuál de los candidatos es el peor, y votar por el contrario. No podemos decir que promueve un ambiente democrático ni que es un instrumento de participación ciudadana. Hay países en los que sí lo es. En Inglaterra, por ejemplo, durante muchos años los debates se han llevado a cabo entre los candidatos y la ciudadanía, en grupos pequeños y en un formato en el que los ciudadanos pueden cuestionar al candidato sobre sus propuestas, y éstos las integran a su plataforma. En las recientes elecciones celebradas en ese país (mayo 2010), además de realizar discusiones abiertas con los ciudadanos, por primera vez en la historia también se transmitieron una serie de debates en televisión abierta, entre los candidatos, pero siempre había tenido prioridad el otro tipo de debate. La combinación de los dos tipos de debate ayudó a que el ciudadano pudiera discernir mejor su voto, y a que los partidos pudieran exponer mejor sus puntos de vista y las elecciones fueran más equilibradas. Una prueba de ello es que por primera vez el parlamento no cuenta con mayoría de un partido.

El riesgo de hacer un debate sin el ingrediente ciudadano es grande para los ciudadanos, y hasta para los propios candidatos. Los estrategas de las campañas políticas lo saben. Saben que un debate puede ser un arma de doble filo: o destruye al candidato, o lo levanta en hombros, porque en este país los debates se utilizan como estrategia de la guerra sucia electoral. Esto nos ayuda a entender porqué los candidatos en general o lo impulsan con ansia saboreándose la derrota del enemigo, o le temen despavoridamente.
Fue lo que sucedió en Sinaloa, con el debate que terminó siendo un enfrentamiento descuartizador entre Malova (de la coalición PAN-PRD-Convergencia) y Vizcarra (del PRI-Verde-Nueva Alianza). Y pregúntenme quién ganó con el debate, ¿la ciudadanía, los candidatos, o solo uno de ellos? A la ciudadanía lo que le quedó marcado fueron las acusaciones hechas, más que las propuestas y los contenidos de las plataformas, pues los candidatos se dedicaron la mayor parte del tiempo a sacar los “trapitos sucios”. Y los medios de comunicación resaltaron la paliza que le dio Malova a Vizcarra con el argumento que lo liga con el narco. Ganó sólo uno de los candidatos: el que pegó más duro. Creo que el debate entre los candidatos en Puebla se ha vuelto muy predecible, y no tiene ningún mérito imaginarse que será igual que lo que sucedió en Sinaloa.

Y por eso me parecería muy enriquecedor que los ciudadanos pudiéramos, además de escuchar u observar un debate a través de los medios de comunicación, interactuar públicamente con los candidatos en una discusión abierta. Desafortunadamente la conexión entre los ciudadanos y los candidatos (y las autoridades)  está roto desde hace tiempo y el único acercamiento con la ciudadanía durante la época electoral que se me ocurre nombrar, son los mítines. Pero sabemos que los mítines son actos deliberadamente populistas.

Y en el caso de Puebla, por ejemplo, mientras los candidatos se pelean por realizar un debate y por el número de debates a realizar, y mientras los medios de comunicación libran su propia batalla por ver quién modera y quién transmite, un grupo de ciudadanos agrupados en la Red Actívate por Puebla, presentará este 15 de junio, un día antes del debate, las propuestas ciudadanas que recogió en la serie de foros que realizó con los distintos sectores de la sociedad poblana. Los ciudadanos estamos ansiosos de abrir espacios así. En Facebook ya se creó un grupo de poblanos que se denomina “Los ciudadanos pedimos debate”, que pide que también los candidatos a presidentes municipales lleven a cabo un debate, y la comunidad twitera ya también instó a los candidatos Zavala (coalición PRI-PVEM) y Moreno Valle (Coalición PAN-PANAL-PRD-Convergencia), a que sostengan un debate por este medio.

 Por eso mi invitación es a pensar críticamente para discernir qué de lo que se discutirá en el o los debates, es realmente una propuesta con contenido, y qué de ello serán solamente estrategias sucias que pretenden embarrar al otro candidato para restarle votos.

Contraloría Social


 Una forma de incidir en las políticas públicas.

Por: Almudena Ocejo

La Contraloría Social es un tipo de participación ciudadana que permite la exigencia de la rendición de cuentas gubernamental a partir de iniciativas / ejercicios sistemáticos de vigilancia del quehacer del Estado (desde la sociedad civil), con el objetivo central de incidir en el mejoramiento del trabajo de gobierno.

Estas iniciativas pueden estar dirigidas a cualquiera de los poderes (ejecutivo, legislativo, judicial), órdenes y/o niveles de gobierno (federal, estatal, municipal, delegacional y/o local/comunitario) y se concretan a través de tres prácticas complementarias:

a)    un diagnóstico de la problemática que presenta la realización de una acción gubernamental concreta, la prestación de un bien o servicio, o la implementación de un programa público o una política pública,

b)    el monitoreo a las acciones, servicios, programas o políticas públicas, y

c)     la incidencia en cualquiera de las fases del proceso de diseño, formulación, ejecución y evaluación de los mismos.

En México, el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas ha sido una tarea casi exclusiva de las élites políticas, en la que ha existido (y existe) poca apertura a la incorporación de otras voces y/o perspectivas que no sean las gubernamentales. En consecuencia, una manera de acercarse a un mejor conocimiento de la lógica de operación de la administración pública y la hechura de las políticas públicas, es a través de ejercicios sistemáticos de vigilancia y monitoreo que permita a los ciudadanos interesados conocer y evaluar el trabajo que realiza el gobierno y que impacta directamente en su nivel de vida, para ir avanzando con evidencia sólida hacia procesos de negociación e incidencia con las autoridades públicas.

La contraloría social es una herramienta que permite conocer/monitorear el trabajo del gobierno, obtener evidencia sólida sobre su desempeño y de esta manera, contar con elementos para poder participar en procesos decisorios. No es suficiente basar las exigencias o demandas ciudadanas en intuiciones o conocimiento directo de una problemática (como resultado del trabajo con grupos de la población a los que afecta directamente una política), que documentar y sistematizar la información que permita darle sustento a esas intuiciones y/o experiencia. A través de la vigilancia y el monitoreo se pueden identificar aspectos deficientes o irregulares en los distintos cursos de acción gubernamental (crítica basada en evidencia), para en una segunda etapa presionar a los tomadores de decisiones para implementar los cambios que se estiman necesarios, y que van acompañados de propuestas alternativas de intervención.

En este momento es difícil lograr cambios estructurales en la política pública de este país haciendo contraloría social. Podemos decir que de manera general (hay algunas pocas excepciones), hoy en día es muy limitado el impacto que pueden tener los ciudadanos (de manera individual u organizada) en acciones de incidencia, y que además lo hagan de manera sostenida. Esto nuevamente hace referencia a la forma en que se toman las decisiones de política pública en nuestro país, que excluyen en su gran mayoría la participación de otros grupos ajenos al gobierno. Sin embargo, las iniciativas de contraloría social son esfuerzos muy valiosos que van en la dirección correcta y empiezan a presionar para la apertura de espacios para la incidencia y para un cambio en la relación Estado – sociedad, si bien este cambio se verá sólo a largo plazo y requiere de modificaciones en muchos terrenos. Es importante tener muy claro que no sólo porque exista la aspiración de incidir en política pública y se realicen las tareas necesarias para avanzar en esa dirección, puede lograrse. Es decir, el éxito en iniciativas encaminadas a la incidencia en toma de decisiones no radica únicamente en el interés y las capacidades técnicas de los ciudadano o de las OSC, sino que implica cambios en el diseño de las instituciones públicas que permitan incorporar a otros actores y puedan darle un cauce adecuado a sus demandas y propuestas alternativas de intervención.

La contraloría social requiere de la existencia en las organizaciones de capacidades técnicas, políticas y organizativas, así como disponibilidad de recursos (humanos, materiales y financieros). Es muy importante tomar en cuenta que para poder lograr un desempeño exitoso en este tipo de iniciativas se necesita contar con competencias para el acceso y análisis de información pública (incluyendo análisis de presupuesto/gasto público), para el diseño y la gestión de estrategias mediáticas, habilidades de negociación y cabildeo, conocimiento de la administración pública, capacidad de articulación con otros actores y posibilidad de implementar las iniciativas en un horizonte a largo plazo. La actuación de una o dos organizaciones de manera aislada, o de un grupo reducido de individuos, difícilmente logrará generar la presión que se necesita para un cambio en cursos de acción gubernamental.


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